El director de SERCADE, la ONG de los capuchinos de España, analiza uno de los procesos sociales más relevantes de los últimos años: la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. Lejos del ruido político, Xabier Parra pone rostro humano a una realidad que afecta a cientos de miles de personas que ya viven, trabajan y sostienen silenciosamente buena parte de nuestra sociedad. En esta conversación, reflexiona sobre el papel de la Iglesia, el compromiso de SERCADE y la necesidad de mirar este fenómeno desde la dignidad, la justicia y el Evangelio.
—Xabi, llevamos años escuchando hablar de la regularización extraordinaria de personas migrantes, pero muchas veces de manera superficial o politizada. Para quien no conozca realmente el proceso, ¿en qué consiste exactamente esta iniciativa?
La regularización extraordinaria consiste en tratar de que las personas extranjeras que viven ya entre nosotros, que forman parte de nuestra vida cotidiana en España, puedan acceder a una situación administrativa regular.
Hablamos de vecinos y vecinas que están plenamente integrados en nuestra sociedad: los padres de los niños que juegan con nuestros hijos, la mujer —habitualmente mujer— que cuida de nuestros mayores, o el repartidor que un día nos trae una pizza a casa. Muchas de estas personas viven y trabajan aquí desde hace años, pero siguen sin papeles.
¿Y qué significa tener papeles?
Significa poder vivir con plenos derechos. Poder firmar un contrato de trabajo legal, alquilar una vivienda, acceder a servicios públicos con normalidad, cotizar, pagar impuestos y desarrollar su vida en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. No estamos hablando de privilegios, sino de dignidad y de derechos básicos.
—SERCADE ha estado muy implicada desde el inicio de este proceso. ¿Cuál ha sido concretamente vuestra participación?
SERCADE ha participado desde el principio, desde el mismo nacimiento de la iniciativa. Lo hemos hecho inicialmente representando a la plataforma REDES, una agrupación de 56 ONG vinculadas a congregaciones religiosas. Ahí estamos entidades como PROCLADE, de los claretianos; ARCORES, de los agustinos recoletos; Entreculturas, de los jesuitas; y muchas otras.
Nuestra labor comenzó con la recogida de firmas para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular y lograr que el texto llegara al Congreso. Después hemos participado, junto a la Conferencia Episcopal, Cáritas y CONFER, en el diálogo con todos los partidos políticos. Y digo todos, porque hemos hablado con todos los grupos parlamentarios durante estos cuatro años.
Ahora, una vez aprobado el proceso, estamos trabajando como entidad colaboradora del Ministerio. Eso significa acompañar a las personas en la preparación de toda su documentación y certificar su situación de vulnerabilidad para que puedan presentar correctamente sus expedientes.
—Ese acompañamiento exige una estructura importante. ¿Cómo se ha organizado SERCADE para responder a una demanda tan grande?
Ha habido bastante improvisación por parte de la administración y hemos tenido que ir adaptándonos prácticamente día a día. En nuestro caso hemos liberado temporalmente a María Seco, que ya coordinaba uno de nuestros centros, para dedicarse exclusivamente a coordinar todo este proceso hasta el 30 de junio.
Además, hemos contratado a una abogada especializada para los casos más complejos: personas con expedientes abiertos, situaciones delicadas relacionadas con sus países de origen o problemas documentales específicos. A eso se suma un equipo técnico de unas diez personas y alrededor de treinta voluntarios.
Estamos trabajando principalmente en Madrid y Zaragoza, donde las sedes permanecen abiertas mañana y tarde de lunes a viernes. En Pamplona también estamos presentes, aunque en una escala más pequeña.

—Cuando esta entrevista se publique, el proceso habrá avanzado ya bastante. ¿Qué balance podéis hacer hasta ahora?
Para una entidad pequeña como SERCADE, que además quiere seguir siendo pequeña porque nuestra vocación es el acompañamiento cercano, el balance está siendo enorme. En apenas unas semanas de trabajo efectivo ya hemos acompañado a cerca de mil personas.
Nuestra previsión es que, para comienzos de junio, habremos atendido entre 1.500 y 2.000 personas en nuestras oficinas. Y detrás de cada expediente hay una historia concreta, una vida, una familia, años de esfuerzo y muchísima incertidumbre acumulada.
—Hay sectores de la sociedad que miran este proceso con desconfianza y lo reducen a un debate político o ideológico. ¿Cómo desmontar algunos de esos prejuicios?
Lo primero que diría es que este es un procedimiento absolutamente garantista. No es un proceso masivo y descontrolado, como a veces se quiere hacer creer. Aquí participa el Ministerio del Interior y hay mecanismos muy estrictos de revisión de antecedentes y de control administrativo. Cualquier persona con problemas judiciales queda fuera.
Pero además hay algo importante: esto no debería convertirse en un arma política. Yo he participado personalmente en reuniones con todos los grupos parlamentarios, acompañado por representantes de la Conferencia Episcopal, Cáritas o CONFER, y sinceramente puedo decir que, a puerta cerrada, todos entendían la necesidad del proceso.
Porque esto no tiene que ver con abrir o cerrar fronteras. Tiene que ver con qué hacemos con personas que ya están aquí, que llevan años trabajando, sosteniendo sectores enteros de la economía y viviendo entre nosotros.
—Da la sensación de que muchas veces hablamos de cifras y no de personas. ¿Qué habéis encontrado vosotros al mirar cara a cara a quienes llegan a SERCADE?
Eso es precisamente lo que más transforma. Yo venía viviendo este proceso desde lo técnico y lo político, pero acompañar directamente a las personas está siendo impresionante.
La mayoría son jóvenes. Gente con ganas de trabajar, de sacar adelante a sus familias, muchas veces con estudios, con experiencia laboral, con una enorme capacidad de esfuerzo. Recuerdo el caso de un hombre que llevaba ocho años trabajando en la construcción en España sin papeles. Ocho años ayudando a construir casas y viviendo en habitaciones compartidas, cambiando constantemente de domicilio porque no puede firmar un contrato de alquiler.
Lo que ves es gente que quiere vivir dignamente. Personas que ya forman parte de nuestra sociedad pero que siguen atrapadas en una situación de enorme vulnerabilidad. Y ahí creo que tenemos una deuda ética y moral muy seria.
—También hay quien plantea que regularizar supone una carga para el país. Sin embargo, muchos informes dicen exactamente lo contrario.
Claro. Todos los estudios serios apuntan a que España gana con este proceso. El Banco de España, distintos organismos económicos e incluso sectores empresariales lo han explicado con claridad: una persona regularizada deja de estar condenada a la economía sumergida y pasa a cotizar, pagar impuestos y participar plenamente en la vida económica.
Se calcula que el impacto positivo puede rondar los 4.000 euros netos por persona regularizada. Pero más allá de lo económico, hay una cuestión de decencia. Lo indecente es mantener a personas durante años dependiendo de ayudas, viviendo en la irregularidad y sin posibilidad de construir un proyecto de vida autónomo.
—Cuando termine el plazo oficial del proceso, ¿qué crees que ocurrirá?
Seguramente habrá expedientes pendientes porque estamos hablando de cifras enormes. El Gobierno dice que el sistema podrá absorberlo y ojalá sea así, pero la realidad es que ya estamos viendo retrasos administrativos importantes.
Aun así, creo que la mayoría de las personas que consigan presentar correctamente su documentación acabarán entrando en el proceso. Y después vendrá otro reto fundamental: cómo facilitar el acceso ordenado al empleo y la integración laboral. Ahí es donde deberían centrarse realmente las políticas públicas: en ordenar, acompañar y facilitar procesos que ya existen en la práctica. Porque estas personas ya trabajan. Lo que falta es que puedan hacerlo con derechos y garantías.
—Más allá del director de SERCADE, me gustaría terminar preguntándote por la persona. ¿Qué ha supuesto para ti vivir este proceso tan de cerca?
Sin buscarlo, seguramente ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. Han sido noches y noches trabajando, tratando de aprender de política, de derecho y de muchas cosas que ni imaginaba.
Pero también ha sido profundamente humano. Nosotros hemos querido mirar a las personas a los ojos, escuchar sus historias, saber dónde viven, cómo han sobrevivido hasta ahora y qué esperan del futuro. No queríamos convertir esto en una cola burocrática de vulnerables.
Y sinceramente, ver cómo alguien recibe un certificado y rompe a llorar porque siente que quizá por fin podrá empezar una vida normal… eso te cambia. Creo profundamente que este es el camino que deberían seguir nuestras sociedades. No desde una ideología concreta, sino desde el Evangelio. Lo dijo muchas veces el papa Francisco: acompañar de verdad al otro es ayudarle a recuperar las riendas de su vida.
Para mí, esta regularización es probablemente la experiencia más intensa y más hermosa que he vivido en SERCADE.
—Mientras terminábamos esta conversación, las puertas de SERCADE seguían abiertas. Entraban personas con carpetas gastadas, con documentos doblados mil veces y con esa mezcla de esperanza y miedo que solo conoce quien lleva demasiado tiempo viviendo en la cuerda floja.
Detrás de cada expediente hay una historia. Una habitación compartida. Un trabajo silencioso. Un hijo esperando. Una vida suspendida durante años por no tener un papel.
Quizá por eso esta regularización no habla solo de leyes o de política. Habla, sobre todo, de dignidad. De la posibilidad de dejar de sobrevivir para empezar, sencillamente, a vivir.
Y en medio de todo ello, discretamente, casi sin hacer ruido, continúa el trabajo de quienes creen que el Evangelio también se escribe acompañando, escuchando y tendiendo la mano.
Luis López, Coordinador de
Capuchinos Editorial